La Procuraduría General de la Nación exigió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) una atención “integral” y “efectiva” de los damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto.

El Ministerio Público señaló que, tras la visita a Risaralda, Quindío y Caldas, se identificaron varias dificultades en las medidas de atención de los afectados por el sismo.

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Aseguró que alcaldes y gobernadores de estos territorios manifestaron que el cierre del Registro Único de Damnificados (RUD) dejó por fuera a familias afectadas, en especial en la ruralidad dispersa y en territorios étnicos.

Los mandatarios señalaron, según la Procuraduría, que las plataformas no permiten actualizar el estado de las viviendas tras las evaluaciones técnicas, ni registrar los daños causados por las réplicas.

Por otra parte, revelaron que los auxilios económicos asignados no han llegado a las familias y que su distribución entre municipios no ha sido “homogénea”.

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“Reportaron que faltan ingenieros estructurales y maquinaria amarilla para las evaluaciones, las demoliciones y el retiro de escombros. Según los mandatarios, el cierre del registro el 4 de septiembre obligó a cargar la información antes de concluir las evaluaciones técnicas. A ello se suman más de 1.300 sismos asociados que han agravado el daño de las viviendas”, refiere el comunicado de la Procuraduría.

En ese sentido, el ente de control pidió al Gobierno nacional y a la UNGRD garantizar los derechos de los damnificados.

Pidió que se abra de manera extraordinaria y condicionada el Registro Único de Damnificados y permitir la actualización de la clasificación de las viviendas y el registro de los daños causados por las réplicas.

Igualmente, solicitó a la UNGRD agilizar la entrega de los auxilios económicos y coordinar el apoyo en ingenieros estructurales y maquinaria amarilla, y a garantizar el enfoque diferencial étnico.